"“Curtidos en el campo, del color de la tierra, rudos,
veteranos (…) Solo a fuerza de labrar una y otra vez la yunta deja la
tierra en condiciones de producir”.
Esta es la descripción que hacía el documental
‘Yunteros’, estrenado durante la II República, de los jornaleros
extremeños. Escenifica el problema de los campesinos sin tierra.
Labradores que trabajaban con yuntas rudimentarias mientras los
beneficios iban a manos de grandes terratenientes.
Hasta 80.000 jornaleros se levantaron la madrugada del 25 de marzo de 1936
para ocupar unas 3.000 fincas siguiendo el llamamiento de la Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra. Fue su respuesta a una
estructura de la tierra desigual, contra un sistema arcaico de grandes
latifundios que les sometía a una crisis de subsistencia desde hacía
siglos.
El régimen franquista tenía un plan para ellos:
muerte y depuración. Fueron el núcleo de la represión en la provincia de
Badajoz. Acabaron en las cunetas junto con alcaldes, concejales,
sindicalistas o militantes de partidos de izquierda.
El historiador Francisco Espinosa señala en sus
investigaciones que el horror que se practicó en Extremadura
“difícilmente tiene parangón”. La provincia pacense fue una de las más
castigadas por la represión con más de 11.000 víctimas, una cifra que
sólo supera Sevilla con 12.500. Mientras, las víctimas de la represión
en la provincia cacereña fueron unas 2.000, según recoge el historiador
J. Martín Bastos.
Los jornaleros, víctimas de la represión
El régimen se ceba con todos aquellos que habían
participado en las luchas sociales. Centra su mirada en quienes habían
participado en la reforma agraria, habían recibido tierras o habían sido
partícipes de las acciones reivindicativas como la del 25 de marzo de
1936.
Los golpistas de Franco entran en agosto de ese año
en Extremadura, procedentes de Sevilla, y ejercen una violencia
ejemplarizante contra los que habían osado cuestionar el poder de la
oligarquía.
Hay que tener en cuenta las características de los
sublevados que llegan a Badajoz, el ejército de África. Apenas
encuentran resistencia y tenían armamento más moderno. Entran “a sangre y
fuego”, arrasan pueblos y asesinan a todos los ‘enemigos’ del régimen
que encuentran en su camino. Muchos son fusilados de manera inmediata,
mientras que otros son encarcelados y pasan posteriormente por los
consejos de guerra.
Las tropas franquistas avanzan a marchas forzadas a
lo largo de la provincia porque querían enlazar con el ejército del
norte de Mola, que ya controlaba Cáceres, para dirigirse desde allí a
Madrid. Tras su ‘limpieza’ dejan en la retaguardia a falangistas y la
Guardia Civil, que se encargan de las operaciones secundarias y cogen el
testigo del horror.
¿Qué supuso el franquismo para el campesinado?
La llegada del régimen franquista marca el devenir de
una Extremadura eminentemente rural, donde la agricultura y la
ganadería son el sustento básico de sus gentes. La dictadura supone el
regreso al antiguo régimen, un sistema medieval que corta de raíz la
senda de liberación del campesinado.
El historiador Ángel Olmedo explica que Badajoz fue
la provincia en la que más se avanzó en el proceso de reforma agraria.
La dictadura la deroga e incauta las tierras repartidas. Se las devuelve
a los terratenientes, los antiguos propietarios. La masa de jornaleros
vuelve a ser contratada como antaño en la plaza del pueblo. Pierden la
capacidad de negociación y trabajan en unas condiciones de semi
esclavitud.
El historiador recogió años atrás el testimonio de
Antonio José Pozo, que relata "la vuelta del mercado de esclavos" de los
jornaleros en los pueblos extremeños para ser contratados casi como
ganado en las plazas.
Hay que tener en cuenta en este contexto que durante
los años de la República se obligó a los grandes propietarios a la
contratación de los parados a través de un listado de inscritos en los
ayuntamientos. En los años 30 se habían firmado también los primeros
convenios colectivos del campo, lo que genera que las oligarquías que
tradicionalmente habían ostentado el poder en los pueblos de Extremadura
se pusieran en contra.
Con la dictadura franquista regresan también las
viejas tácticas represivas contra los jornaleros que recogían leña,
bellotas, espárragos o cualquier elemento que pudieran ayudar a su
supervivencia ante la miseria en que vivían.
Los pueblos de colonización
El régimen rechaza el proceso de redistribución de la
tierra y se conforma con crear algunos proyectos de pequeños
propietarios campesinos adeptos al nuevo régimen. Se pone en marcha el
asentamiento de colonos en pequeñas explotaciones de carácter familiar
bajo el respaldo del Instituto Nacional de Colonización (INC), creado en
1939 a imagen del organismo italiano de la dictadura fascista italiana
encargada de la “bonifica integrale”. “Se basaba en la reordenación de
áreas no explotadas, y el término ‘colonización’ desplazó al de ‘reforma
agraria’”, señala Ángel Olmedo.
“El objetivo principal de la colonización y la
creación de los pueblos de colonización era el mantenimiento de la
propiedad privada, la modernización de la agricultura, mediante la
puesta en regadío y otras mejoras técnicas, relegando el verdadero
problema social que suponía las condiciones de vida de los jornaleros y
pequeños arrendatarios”.
La creación de algunos pueblos de colonización
servirá para lanzar campañas propagandísticas por parte de una dictadura
franquista poco preocupada por la problemática de los campesinos,
ocultando toda la labor anterior del gobierno de la II República y la
represión que la dictadura efectuó sobre el campesinado. (...)
La plaza de toros de Badajoz
es una de las primeras prisiones habilitadas, donde cientos de personas
permanecieron a la espera de una posible muerte. Muchas de ellas fueron
trasladadas al cementerio viejo de la capital pacense, cuyas tapias
fueron testigos de los fusilamientos. Una mirada a ambos espacios
implica un viaje a una matanza que copó las portadas de la prensa
internacional de la mano de corresponsales que narraban una historia
espeluznante con la entrada de las tropas de Yagüe al frente en agosto
del 36.
El corresponsal portugués Mario Neves
contó para el Diario de Lisboa escenas de horror, con asesinatos
múltiples y calles teñidas de rojo. Con una columna de humo en
permanente combustión. De este modo se deshicieron las tropas rebeldes
de buena parte de las personas a las que sometieron.
Las cifras oficiales hablan de 11.000 personas
víctimas de la represión en la provincia de Badajoz, aunque es muy
probable que fueran muchas más. Hay que entender que se trata de una
cifra provisional, elaborada con los datos contrastados. El listado
crece a medida que algún familiar recurre a investigadores y las
asociaciones en busca de pistas de su ser querido.
En otras ocasiones las víctimas aparecen a través de
las fuentes indirectas, en la documentación o los consejos de guerra", a
lo que se suma las investigaciones de los historiadores.
Extremadura, un gran campo de concentración
La región contó con al menos 17 de los 300 campos de
concentración que se repartieron por todo el país, según las
investigaciones del periodista Carlos Hernández.
El campo más numeroso fue el de Castuera, un
'infierno' de alambre y espinos por el que pasaron alrededor de 15.000
personas a lo largo de un año. La clasificación de los presos que
llegaban, la represión sistemática y la reeducación bajo los valores del
nacional-catolicismo resumen la esencia de este campo de concentración.
Una parte importante de los presos fueron utilizados
además como ‘esclavos’ hasta 1970. Con ellos se puso a disposición del
Estado franquista, y de las empresas privadas afines al régimen, mano de
obra barata que se encargaba de construir obras públicas, líneas de
trenes y otras infraestructuras.
En el caso extremeño destacan las colonias penitenciarias de Montijo,
el eufemismo usado para ocultar al campo de concentración que mantuvo
en tres municipios a 1.500 presos. Fueron obligados a construir parte
del actual canal de Montijo y la presa que lleva el mismo nombre.
Represión económica y depuración
De forma paralela comenzó un proceso de represión
económica con multas, incautaciones de bienes y cuentas bancarias. La
Ley de Responsabilidades Políticas (febrero 1939) imponía sanciones
económicas a todos los condenados por tribunales militares que se
aplicaban, incluso, tras la muerte de la persona condenada. Hubo
personas fusiladas que no habían pasado por juicio, y también sufrieron
la represión económica o incautación de bienes.
Hubo otros tipos de represión, como la aplicada
contra los funcionarios y que podía implicar el encarcelamiento,
traslado, o la pérdida del empleo. Ángel Olmedo apunta a una ‘justicia
al revés’: aquellos que habían sido fieles al gobierno legítimo de la
República son acusados de rebeldes. Se suman multas o extorsiones para
sacar dinero, bajo las amenazas de poder ser detenido y fusilado.
En torno a las incautaciones y robos perpetrados
indica a modo de ejemplo al caso de Melchor González Alonso, que era
alcalde de Navaconcejo (Cáceres) y que fue capturado, encarcelado y
sancionado con una multa de 7.000 pesetas. Se trata de un caso que
investiga en la actualidad este investigador, que señala que le
expropiaron dos fincas, y aún así se pasó los tres años de la guerra
encarcelado en Plasencia.
Es un proceso que se repite, y que hace que los bienes acaben en manos del régimen y de los partidarios. Es el caso también del exalcalde de Mérida Eugenio García Domínguez,
regidor y concejal durante la II República. Se trata de un empresario
exitoso, que tenía varias propiedades, entre ellas una fábrica de
chocolate y unos grandes almacenes, que le fueron expropiadas a la
familia tras ser fusilado en 1937.
Por otro lado fue especialmente dura la depuración
del profesorado por el empeño de la República en la formación cultural
de la población. Los contenidos educativos fueron ajustados y
supervisados por los nuevos cánones políticos, religiosos y culturales
del nacionalcatolicismo. Se calcula que un cuarto del profesorado acabó
perdiendo su empleo y muchas fueron mujeres.
Ellas sufrieron una doble represión:
por su vinculación con los ideales progresistas y por el simple hecho
de ser mujeres. Antes de ser asesinadas por el franquismo muchas de
ellas fueron violentadas, forzadas y vejadas.
La herida abierta del postfranquismo
La memoria de miles de extremeños tirados en cunetas durmió durante cuatro décadas. Su voz dormida despertó con el final de la dictadura franquista, cuando se levantaron algunas fosas y comenzó a hablarse de la memoria de las víctimas. Aunque las incursiones se frenaron en seco con el golpe de estado de Tejero.
La Asociación por la recuperación de la memoria histórica en Extremadura Armhex fue pionera en la exhumación de decenas de personas represaliadas. Le ha acompañado un minucioso proceso de investigación histórica y la búsqueda de testimonios de familiares. También han interpuesto denuncias por la permanencia de restos franquistas en plazas y calles.
“Si nos trasladamos a Extremadura, vemos cómo aún tenemos en la región a cientos de personas tiradas por las cunetas. Gente que necesita verdad, justicia y reparación”, señala Ángel Olmedo, que señala que en muchos pueblos perviven vestigios de la dictadura.
Alude además a una parte de la población que intenta ‘dulcificar’ la figura del dictador y su régimen. Gente que vivió ajena a parte de esos hechos, “que no los conocen, y que tienen una cierta comprensión de aquel régimen” al hablar de los pantanos y las obras hidráulicas que levantó, o de las carreteras, para justificarlos. "Y que se olvidan de la gran tragedia que supuso no sólo en pérdidas humanas, sino en atraso económico y de mentalidad".
“Cuando estamos hablando de guerra civil y de dictadura franquista estamos hablando de personas que fueron asesinadas, perseguidas, encarceladas o humilladas durante décadas. Ha pasado demasiado tiempo sin que las víctimas de la dictadura hayan recibido el reconocimiento tras años de represión, el silencio o la indiferencia”. (Jesús Conde, eldiario.es. 13/04/19)
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