"El médico Darío Álvarez Limeses vivía en Tui. Allí tenía la consulta y
vivía con su esposa María Blázquez Ballester y sus hijos Celso, Álvaro,
Xosé María, Alfonso y Emilio. En la Alameda tudense fue fusilado
después de un infame juicio el 30 de octubre de 1937.
No había cumplido
los 60 años. Obligados por las circunstancias a marcharse, la residencia
de la familia, la Casa do Rollo, donde también se ubicaba la clínica,
tuvo que ser malvendida, pero poco antes el médico militar César de
Santiago aprovechó las circunstancias para saldar definitivamente la
competencia: robó el material que le era de utilidad para su propia
consulta y con la ayuda de unos soldados destrozó a culatazos el
mobiliario. Por si podía quedar más competencia profesional en la villa
también se benefició del fusilamiento del conocido cómo “médico de los
pobres”, Alejo Diz Jurado, alcalde de la villa.
Xulio Prada Rodríguez es un historiador especializado en el estudio
de la violencia política, la República y el primer franquismo. Su libro
más reciente se titula Marcharon con todo (Biblioteca Nueva), y
profundiza en un aspecto que durante tiempo no centró las
investigaciones sobre el golpe de Estado de 1936 y la guerra civil
posterior: la represión económica. Múltiple, diversa, a veces sin
soporte legal y atraco puro, sobre todo entre julio y noviembre de 1936,
y después sistematizada en un continuo legislativo diverso.
“No podemos
hablar de que el balance sea un masivo cambio de propiedad, pero sí que
podemos detectar dos ríos circulando. A uno de ellos le podemos seguir
el curso documentalmente, porque se hacían investigaciones, se abrían
sumarios y se elaboraban listados minuciosamente detallados de bienes.
Aún dañados por el tiempo contamos con archivos.
Ourense es dónde más
material se conserva y, en menor medida, Lugo, Pontevedra y A Coruña.
Después hay otro río soterrado, del que fuimos sabiendo por la memoria
oral y que no podemos cuantificar, aunque lo imaginemos, un río donde
hubo picaresca, extorsión, aprovechamiento de las debilidades y
complicidades con los represores, también para hacerse con dinero y
otros bienes. O sea, el propio de las situaciones de guerra”.
El libro de Prada puede leerse con la distancia del forense o con
indignación. Hace el recorrido sobre cómo iba mudando la legislación
desde los primeros decretos militares a la Ley de Responsabilidades
Políticas, que ponía muy alto el listón de las penas económicas, y
explica desde las multas y las colectas de obligado cumplimiento para
sostener el esfuerzo de guerra a las extorsiones abiertas.
Muchas
sentencias incluían penas económicas de indemnizaciones que dejaban en
muy mala situación a las familias. Calculadas las más de las veces en
función de los bienes, no tenían especiales miramientos sobre la
capacidad de subsistencia de los que quedaban.
Podemos hacernos una idea de la interminable y variada estela de
multas cogiendo solo alguno de los once tipos distintos de sanciones que
Prada clasifica en su libro seleccionando entre un total de 5.537
multas impuestas y documentadas solo en el período bélico de 1936-1939,
cantidad que sería muy inferior a la real: las relacionadas con la no
contribución a las suscripciones patrióticas; las de ofensa a los
símbolos del nuevo Estado y los de la religión (salir de un lugar cuando
ya había empezado el himno nacional, no saludar las efigies del
dictador, proferir palabras contra el Movimiento o seguir bebiendo en un
local cuando pasaba un desfile militar o una procesión, hablar mal
delante de un cura, blasfemar…); multas relacionadas con el pasado
político; multas por infracciones administrativas, por subversión, por
pronunciar procacidades delante de señoritas, por pase clandestino de
fronteras, por no pagar la ficha de la Falange…. El listado es tan
extenso que parece difícil que se pudiera hacer una vida cotidiana sin
sentir el aliento de la sanción acechando.
Muerte y expolio se produjeron en muchos casos sucesivamente y
siempre había personas bien informadas y conectadas con el nuevo poder
que se aprovechaban. Luis Lamela, historiador y biógrafo de Pepe Miñones
Bernárdez (Corcubión 1900-A Coruña 1936) tiene documentados diferentes
casos. Al abogado y empresario Miñones lo fusilaron en el coruñés Campo
da Rata y lo arruinaron en orden consecutiva. Diputado republicano
radical, cuando lo sentenciaron le impusieron también una multa de dos
millones de pesetas de la época con embargo de bienes.
Lamela recuerda
que la familia consiguió ir haciendo frente a los pagados pero la
situación llevó a la descapitalización y a la falta de liquidez de sus
empresas. La principal, Electro Popular Coruñesa, acabó cayendo madura
en las manos de Pedro Barrié de la Maza, que la fusionó con su Fábrica
de Gas y Electricidad de la que nació FENOSA. Barrié fue el promotor de
la «suscripción» para regalarle Meirás a Franco.
La posibilidad de recuperar parte de lo perdido en algunos expolios y
embargos dependía, no solo de superar el miedo, también de tener
recursos económicos para sacar adelante una batalla legal que solo pudo
darse con los sucesivos cambios legislativos finalizada la guerra.
Enrique Blein Budiño, alcalde de Vigo en 1931, huyó en los primeros días
del golpe, pero enseguida lo detuvieron y murió en prisión de un cáncer
de garganta en diciembre del 36.
A los dos meses de enterrado, la
viuda, con siete hijos de entre 4 y 17 años, tuvo que hacer frente a
50.000 pesetas de multa. Le embargaron la vivienda de la calle Carral
número 3, tasada en casi 250.000 pesetas y otros bienes. Apenas le
dejaron 1.000 pesetas mensuales para mantenimiento. Cuando pudo
reclamar, en 1940, le rebajaron la multa a 30.000.
Impulsor de proyectos como Nomes e voces, una base de datos
pública sobre la represión
en Galicia, el catedrático de Historia
Contemporánea Lourenzo F. Prieto se empeña en centrar el foco en evitar
que se socialice la culpa, «porque esa política, que era la que subyacía
en la idea de la ‘reconciliación nacional’, fue la mejor garantía para
la impunidad. Nos centramos mucho en las víctimas y es lógico, pero
quizás olvidamos hablar de los verdugos cuando todos conocemos quienes
son. Villa a villa, ciudad a ciudad, se sabía bien quien había matado,
quien se había aprovechado… En Ribadeo, donde yo nací, echas unas horas,
las haces aquí y allá, te informas, y reconstruyes todo el mapa del
franquismo.
Los nombres de las familias, los cambios en las propiedades…
Todo esto puede y debe ser estudiado, y tenemos hilos a seguir porque
casi siempre hay huella documental, también en la historia de las
empresas y en las estrategias familiares de defensa, del que tenemos un
ejemplo en la conservera Massó en la que, para protegerse el hermano
rojo, fue sustituido por el falangista al frente del negocio». Lourenzo
F. Prieto también reconoce que con el paso de los años muchas
percepciones mudaron, y comenta que hoy no sería posible sin escándalo
que una persona como el historiador Carlos Alonso del Real, «nos recibió
como alumnos de la Facultad de Historia contándonos abiertamente, ‘yo
fui nazi y estuve en la División Azul’».
El pontevedrés Manuel Portela Valladares fue una figura política
destacada, con un abanico de cargos que lo llevó desde la gobernación
general en Cataluña a la presidencia del Consejo de Ministros en la
República. Centrista, galleguista, masón, gran amigo de Castelao, había
hecho también una importante fortuna económica, con acciones en las
minas del Rif y otras empresas propias. Fundó y sostuvo, de 1924 a 1936,
El Pueblo Gallego, un periódico decisivo para las aspiraciones
autonomistas gallegas, que tenía su local en un edificio con finca al
lado de la Puerta del Sol viguesa. Poco a poco días del golpe de estado
entraron los militares y clavaron un sable en la mesa del director,
tomando posesión. El periódico lo cogió para sí la Falange. Nunca volvió
a las manos de su dueño.
Exiliado Portela en Francia, además de la
expropiación de otros muchos bienes y fincas, le impusieron una multa de
quince millones de pesetas, acorde con un relatorio pormenorizado de
bienes hecho por el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades
Políticas de A Coruña. En su último testamento, en 1955, unos meses
antes de morir en Bandol (Francia), dejó al Museo de Pontevedra como
legatario de todos sus bienes, títulos y derechos, y con el mandato de
que litigara para rescatarlos. Que se sepa nada se hizo por intentar ese
rescate.
El edificio de El Pueblo Gallego lo echaron abajo, no
se conservó ni siquiera lo que algunos reputaban que era un sillar de
la antigua muralla de Vigo en el que se apoyaba. Eran los años 90, el
periódico había dejado de publicarse el 17 de junio de 1979, con un
titular expreso en la portada «Adiós a Galicia». La plaza la ocupa ahora
el hermoso edificio del Colegio de Arquitectos. No hay placa que
recuerde ni las migajas de esta historia de gloria y robo.
Hay también historias de reparación. Tardía, dolorosa, pero con final
esperanzador. La actriz María Casares nunca volvió a Galicia. Había
marchado adolescente con su padre, Santiago Casares Quiroga, y no quiso
volver a la Coruña a revivir el dolor ni cuando Franco se extinguió. La
casa familiar, de la calle Panaderas 12, fue incautada y robada y
destruida la biblioteca. Durante años fue sede de la Cruz Roja, en 1951
se subastó el edificio y aunque otra hija del dirigente republicano,
Esther, hizo la oferta más alta no se la admitieron.
Se segregaron 220
metros cuadrados de la huerta y se irguió un edificio de diez plantas.
Pasados los años adquirió la casa del exdirigente republicano el
Ayuntamiento de A Coruña y finalmente, lo que se conservaba del edificio
y finca original, fue rehabilitado. El 14 de abril de 2007 se abrió
cómo casa museo y hoy podemos visitarla como recuerdo de un tiempo
democrático sustraído por una rebelión militar violenta.
En septiembre de 1995 el Boletín Oficial del Estado publica el
decreto 1432/1995 aprobando un «Acuerdo transaccional entre el Estado y
Juan Negrín Jr.» (quizás pusieron Jr. por no poner el segundo apellido,
Mijailovich): 287 millones de pesetas de 1995 fue la valoración
publicada para rehabilitar el patrimonio expoliado a su padre. Al cambio
actual, con la inflación, serían algo más de dos millones y medio de
euros. No fue el único patrimonio devuelto, ni publicado en el BOE, pero
sí que llama la atención por la figura afectada.
El neurofisiólogo Juan
Negrín López había presidido la República entre 1937 y 1945 y formaba
parte de una familia canaria con negocios relevantes. Murió en 1956,
exiliado en París, y en 1976 sus descendientes se hicieron fuertes para
reclamar el patrimonio robado, que no era poco. En particular, porque
muchas fincas en el centro de la ciudad de Las Palmas estaban
edificadas, y su hijo, también médico, llegaba de los Estados Unidos
dispuesto a recuperar el patrimonio familiar. Documentos, decisión
política y capacidad económica se juntaron para que el asunto llegase a
buen puerto después de diecinueve años de litigio y la amenaza de Negrín
hijo de llevar las cosas al Tribunal de Estrasburgo.
Impunidad. Quizás sea esta la marca que mejor define una época. Una
capacidad que no todos tenían, pero cuando se trataba de ciertos nombres
e instituciones, funcionaba y se transmitió más allá de la dictadura.
Felisindo Rodríguez fue un cura bien conocido en los tiempos del obispo
Angel Temiño en la diócesis de Ourense de los años 60 y 70. Ejerció en
la parroquia verinense de Tamaguelos, fue profesor de religión y tenía
una empresa de pompas fúnebres. De acreditada estirpe nacional-católica,
no le costó adaptarse a los nuevos tiempos.
Enseguida se hizo hooligan
de la derecha, con visitas a prisión a Tejero incluidas, y fue
acreditado campeón en la búsqueda de votos de UCD y PP sucesivamente. En
1981 el Museo Arqueológico de Ourense trataba de recuperar un
importante peto de ánimas de la parroquia de Felisindo que
había desaparecido. El cura había intervenido en el asunto y había hecho
un regalo. Nada se supo del destino hasta que el nuevo propietario
apareció en 1983 en las páginas de la revista ¡Hola! La esposa
de Manuel Fraga posaba sonriente el lado de la pieza en los jardines de
la residencia de verano en Perbes. ¿Seguirá allí?
Como las figuras de Abraham e Isaac que esculpió el Maestro Mateo, otros
dos barbados se unen en el tiempo en esta historia de infamias:
Sócrates y Valle-Inclán. En Tui empezó a dar sus primeras clases el
pintor Manuel Prieto Coussent, nacido en Ribadeo en 1907. El 3 de mayo
de 1936 un busto de Sócrates diseñado por él era inaugurado en los
jardines de Santo Domingo, sobre una columna de piedra grabada con una
máxima socrática, «La mejor manera de vivir es practicar la vida y la
justicia».
El 21 de junio del mismo año en los jardines Vicenti de
Pontevedra se inaugura otra pieza de Prieto Coussent esculpida también
por canteros tudenses, en esta ocasión dedicada a Valle-Inclán. Las
crónicas de la época recuerdan la interpretación de los himnos gallego y
republicano y los discursos del gobernador Gonzalo Acosta Pan. Poco
duraron la alegría y el homenaje. El busto de Sócrates lo arrancaron los
falangistas del pedestal, lo arrojaron al río Miño y nunca se recuperó.
La escultura de Pontevedra la exiliaron en 1952 al monte de A Curota,
en el Barbanza, donde en una ocasión fue arrancada y arrojada monte
abajo, pero recuperada, aún hoy se puede visitar. La reparación poética
de Sócrates tardó más, pero la hizo el colectivo Levada Libre recaudando
con los vecinos el dinero preciso para volver a esculpir la obra de
Prieto Coussent. En junio de 2010 volvió dignamente al emplazamiento
primigenio. El original permanece acaso en el fondo del río o quizás ya
adorna la Atlántida sumergida." (Xan Carballa, Luzes, 06/11/19)
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