"Virgilio Castilla Carmona nació en Granada en 1888. Fue un
comerciante y político, miembro del PSOE, delegado de la AS granadina en
el Congreso del PSOE de 1931 y vicepresidente de la federación
provincial. Miembro de la masonería integrado en la logia “La Alhama nº
35” de Granada con el nombre simbólico de “Gonzalo. Concejal del
ayuntamiento de Granada en las elecciones municipales de 1931.
Presidente de la Diputación Provincial de Granada, hasta 1934, repuesto
en este cargo en 1936.
Virgilio Castilla se distinguió en su actuación pública: Fomento y
mejora de la comunicaciones, atención a la beneficencia provincial,
inversión en políticas que impulsaran el empleo en las zonas deprimidas
de la provincia, dignificación de la institución (bajo su mandato
consiguió que la Diputación dispusiera del Palacio Bibataubin, gestión
económica extraordinaria), mejora de las arcas y fondos provinciales a
base de actualización y agilización de la administración y recaudación.
Al producirse la sublevación militar fue detenido en Granada el 20 de
julio. Fue juzgado en consejo de guerra sumarísimo el 1 de agosto,
junto a un numeroso grupo de personalidades granadinas (...)
La sentencia condenó a Virgilio Castilla a 2 penas de muerte por
rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión, y
por insultos a la fuerza armada (...)
La “sentencia venía hecha”, no se comprobó ninguno de los cargos, no se respetaron las garantías procesales. (...)
Por su liderazgo en la provincia de Granada, por no secundar, no aceptar
el golpe de estado violento, Virgilio y sus 4 compañeros, fueron
fusilados en el cementerio de Granada el 2 de agosto de 1936. (...)
Virgilio fue multado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas
establecido después por la dictadura franquista y condenado a pagar
250.000 pesetas que fueron incautadas del patrimonio familiar. Era el
botín y saqueo de guerra que discurrió paralelo a la aniquilación de
demócratas, socialistas y republicanos.
La familia consiguió la
reparación de su memoria por resolución del ministerio de Justicia en
2007 y plantearon en 2010 una reclamación económica al Estado para
recuperar lo incautado, valorado en 262.832 euros según informe
pericial. Sin embargo, el gobierno negó el derecho de la familia a la
indemnización por daños y perjuicios en resolución firme del 15 de julio
de 2011. (...)" (Documentalismo Memorialista y Republicano, 15/10/18)
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